Neoliberalismo educativo contra el pensamiento crítico

   Una maniobra habilidosa del lenguaje intenta hacernos olvidar un país sumido en violencia, desigualdad y dependencia. Opinadores pendientes de la mano que les da de comer, ocupan redes insociales buscando likes para saciar su ego y alimentar el ruido mediático, circulan noticias falsas y discursos vacíos que se vuelven rentables, incluso cuando la realidad demuestra cifras alarmantes de pobreza, migración forzada y colapso institucional.

Mientras tanto, funcionarios públicos del gobierno reproducen el mismo guion aprendido en manuales de gobernanza neoliberal. Desde el extranjero, y especialmente desde los centros de poder económico como EE-UU o el FMI, se dicta la agenda: reformas estructurales, reducción del Estado, privatización y mano dura. El discurso de seguridad y orden, como el de la lucha contra el narcotráfico, sirve para encubrir un modelo que ignora los derechos humanos, empobrece a las mayorías y criminaliza cualquier resistencia. Las decisiones del Gobierno ecuatoriano, en temas cruciales como Palestina, también reflejan esta alineación sumisa y sin soberanía.

En el plano nacional, avanza una educación domesticada y subordinada al modelo neoliberal. En lugar de cultivar pensamiento crítico y conciencia histórica, se impone una narrativa tecnocrática, despolitizada y funcional a los intereses del poder. El gobierno convierte las aulas en espacios de obediencia, donde los contenidos responden a las exigencias del mercado, no a las necesidades sociales. Se persigue a los dirigentes de la UNE y a docentes que defienden una educación emancipadora, crítica y transformadora. Además, se prohíbe a los docentes hablar de injusticias, derechos o realidades incómodas, silenciando toda voz que cuestione el orden establecido.

Así, se desestima la historia, la filosofía y las ciencias sociales, disciplinas incómodas para quienes temen que se revele la corrupción estatal. Se forma a jóvenes para ser empleados, no ciudadanos críticos. Se promueve una “libertad de enseñanza” entre comillas, que restringe la libertad de pensamiento, y se desacredita toda voz disidente tildándola de ideológica, cuando lo ideológico, el modelo neoliberal, ya está naturalizado.

Todo se reduce a un discurso audaz para victimizarse y atacar a la oposición. Discusiones redundantes sobre si lo que ocurre en Gaza debe llamarse genocidio. O si las protestas contra el alza de los combustibles se criminalizan para desviar la atención de la crisis. Mientras tanto, los medios hegemónicos cumplen el rol de proteger a quienes gobiernan para el capital y silenciar a quienes intentan pensar más allá.

Un gobierno sin brújula y una Constituyente para evadir la realidad

Cuando se habla de la evidente ineptitud del presidente Daniel Noboa, la derecha empresarial y mediática se apresura a excusarlo, alegando que heredó un país en crisis. Pero nadie obligó a Noboa a postularse, ni mucho menos a ofrecer soluciones que ahora es incapaz de cumplir. La narrativa de “recibí un país destrozado” no basta, sobre todo cuando fue él quien, junto a la oligarquía, alimentó la campaña del miedo: miedo al correísmo, miedo a la inseguridad, miedo a todo, salvo al poder económico que representa.

 

Desde el inicio de su mandato, Noboa ha gobernado desde la distancia –incluso literalmente– abandonando el palacio de Carondelet para intentar deslegitimar a los actores sociales organizados, a los que ha pretendido colocar como enemigos públicos. Pero el miedo que sembró se le ha revertido. Hoy, el que actúa con temor es él. Las promesas de campaña han quedado en el aire: los impuestos se elevaron, aumentó el precio de los combustibles y la inseguridad crece a diario. La realidad es innegable: no hay salud, no hay trabajo, y no hay seguridad.

La incapacidad de Noboa para gestionar el país lo ha llevado a una peligrosa maniobra política: la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta propuesta no responde a las necesidades del pueblo, sino a su intento de reconfigurar las reglas del juego para mantenerse en el poder y diluir los mecanismos democráticos como los referendos populares. En lugar de solucionar la crisis hospitalaria, el desempleo o la violencia, prefiere montar un nuevo teatro político que solo servirá para distraer la atención y concentrar más poder en manos de una élite minoritaria.

Además, no hay coherencia en su discurso. ¿Cómo puede hablar de soberanía popular si desconoce decisiones democráticas como las consultas sobre Quimsacocha o el Yasuní? Mientras el pueblo exige respeto por la naturaleza y su derecho a decidir, Noboa opta por proteger intereses empresariales. Y mientras miles de ecuatorianos se hunden en la pobreza, el gobierno derrocha más de 80 millones de dólares en consultas inútiles y mantiene subsidios a grandes corporaciones.

La propuesta de una Constituyente es una cortina de humo. El país exige soluciones reales. Ya basta de mentiras disfrazadas de reformas. La crisis ha desbordado al presidente Noboa y lo ha expuesto con todas sus limitaciones, que no son pocas.

El pueblo trabajador se movilizó contra el populismo neoliberal

 El 11 de septiembre de 1973 la CIA-USA asesinó a Salvador Allende, pero su memoria inspira la resistencia popular y la lucha por un futuro con justicia social.

El presidente Noboa afirmó recientemente que “la gente ya está cabreada de que le hablen de izquierda o derecha”, que lo único que quiere es que se le resuelvan los problemas. Pero el problema no es hablar de ideologías, sino ocultar para quién se gobierna. Y Noboa gobierna para los ricos, para los banqueros y para el FMI. Por eso crece la indignación popular, porque mientras unos pocos se enriquecen; las mayorías sufren hambre, desempleo, violencia y exclusión.

A casi dos años en el poder, Noboa tiene al país en una profunda crisis. La inseguridad, homicidios, secuestros y robos se han disparado, en un contexto donde el “conflicto armado interno” no ha sido más que una cortina de humo para militarizar el país sin resolver los problemas estructurales. El Estado ha perdido el control territorial y con él, su legitimidad frente a las mayorías.

 La salud pública está en emergencia: no hay medicinas, faltan especialistas y cientos de pacientes deben cerrar vías para exigir atención. La educación se derrumba, más de mil planteles con infraestructura en ruinas, 450 mil niños fuera del sistema educativo. La juventud está condenada al desempleo, la migración o la cooptación por las mafias.

Mientras tanto, el gobierno aprobó el presupuesto para 2025, con un déficit de 12 mil millones de dólares, que prioriza el pago de la deuda externa y el endeudamiento, y deja a la salud, la educación y la obra pública a la deriva. El IESS está siendo saqueado: el Estado le debe más de 27 mil millones de dólares, pero lo obliga a comprar bonos. El BIESS será entregado a los especuladores con la venta de la cartera vencida hipotecaria, lo que dejará a muchos afiliados sin casa.

Este 11 de septiembre el pueblo trabajador tuvo una cita con la historia. Mientras la oligarquía marchó entre comillas “por la paz” con empleados obligados y transporte pagado, las organizaciones populares como el FUT, la UNE, la CONAIE, el Frente Popular entre otras, salieron a las calles a defender la vida y los derechos. Elevaron consignas como: ¡La lucha es ahora! ¡Por salud, educación, empleo digno! ¡El IESS no se vende, se defiende con lucha!

La cruda realidad que el gobierno se niega a enfrentar

Durante el presente gobierno, el pueblo ecuatoriano enfrenta problemas críticos que afectan su calidad de vida y dignidad. La violencia y el crimen organizado se han disparado, generando miedo e inseguridad en todo el país. No se puede vivir con miedo ni bajo el yugo del crimen mientras el Estado permanece ausente o ineficaz.

 

La crisis económica golpea con fuerza: el desempleo crece, la informalidad se expande y la inflación destruye el poder adquisitivo. El pueblo trabaja y no le alcanza. Nos preguntamos: ¿Dónde están las soluciones? ¿Por qué siempre paga el pueblo de pie mientras las élites se enriquecen más?

El sistema de salud y la educación pública muestran un abandono alarmante por disminución del presupuesto estatal. La salud no es un lujo, y la educación no debe ser privilegio de unos pocos. A esto se suman protestas legítimas contra reformas laborales y tributarias que solo benefician a los poderosos. En cambio, el gobierno organiza contramarchas para medir su popularidad, desviando la atención de los verdaderos problemas. El pueblo clama por justicia, transparencia y un Estado que respete sus derechos, no uno que ignore su sufrimiento y lo abandone.

Un político que de verdad quiera entender al pueblo debería vivir como un trabajador: con sueldos bajos, sin contratos dignos, con miedo al despido y sin acceso real a salud ni educación. Que sienta lo que es amanecer antes del sol, tomar un bus lleno, aguantar horas de trabajo mal pagado y volver a casa sin saber si alcanza para la comida del mes.

Los políticos de turno, apenas llegan al poder, tienen latisueldos, oficinas con aire acondicionado, choferes y guardaespaldas. Los asambleístas, en dos o tres días aprueban leyes que enriquecen a banqueros, grandes empresarios y evasores de impuestos. En cambio, las leyes que ayudarían al pueblo se diluyen, y si luego de 4 o 5 años, las aprueban, ya no sirven.

Basta de vender promesas mientras el trabajador vive endeudado, precarizado y olvidado. La gente no vive de discursos, vive de trabajo, y exige respuestas, no limosnas. Pero si los politiqueros no quieren ver la realidad, que se bajen del pedestal y caminen con nosotros. Porque el pueblo ya no aguanta. Y cuando el pueblo se levanta, no hay represión que lo detenga.