Ayer el malvado neoliberalismo nos encerró con el pretexto del Covid19, periodo en que los grandes empresarios y banqueros se enfundaron miles de millones de dólares a causa del dolor y el miedo. Ahora ordenaron un nuevo encierro para protegernos de la violencia delincuencial y oficial. Es preciso tener claro que la relación entre la pobreza, la delincuencia y la violencia es compleja y multifacética.
Es obvio que la pobreza aumenta las probabilidades de que la juventud busque medios ilegales e involucrarse en actividades delictivas para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, no todas las personas que viven en medio de la pobreza se envuelven en la delincuencia, y no todos los delincuentes provienen de entornos empobrecidos, lamentablemente sobre ellos cae el peso de la injusta justicia, y no sobre la delincuencia de cuello blanco como banqueros chulqueros y empresarios evasores de impuestos.
La violencia delincuencial es causa de la falta de empleo, de la corrupción y la institucionalización de la narcopolítica, la politización de la justicia, del descuido a la salud y la educación pública, la falta de cupos para ingresar a las universidades, la desigualdad social, la debilidad e incapacidad de los gobiernos locales, la explotación e inestabilidad laboral; sobre todo por el sometimiento de los gobiernos a los consorcios monopólicos y por los pactos con los capos de la narcodelincuecia para entregarles el control de las cárceles, donde operan los mandos de los grupos criminales organizados, entre otras, son las causas de la actual situación de anarquía.
Debido al estallido de la violencia, el presidente Daniel Noboa acudió primero al Estado de Excepción y, luego ante la incursión de un grupo de jóvenes delincuentes al canal de televisión TC, reconoció la existencia de un "conflicto armado interno", entre el crimen organizado y el Estado, declarando que pasan a ser objetivos militares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El gobierno sabedor que los ecuatorianos exigen se combata de raíz a una delincuencia que ha sembrado el miedo y el terror ciudadano; ante esto invocó la necesidad de “unidad nacional”, ganándose el respaldo de las diversas funciones del Estado, de las fuerzas políticas y las organizaciones sociales.
La estrategia del gobierno de Noboa, la de “conflicto armado interno” es la de considerarse casi casi un Bukele ecuatoriano, para promocionar su imagen, pero la experiencia en la propia República del Salvador da cuenta de que eso no basta. El Ecuador requiere identificar las líneas maestras de la crisis, ya que las condiciones materiales de la sociedad son las que determinan el sentido de la vida de las personas; y luego se tiene que planificar la obra pública y social capaz de disminuir la brecha entre ricos y pobres, de garantizar trabajo digno, seguridad social, educación y salud de calidad y de oponerse al intento de privatizar las empresas del Estado.
El combate a la violencia no puede reducirse a la declaratoria de guerra. Demanda de la unidad popular para exigir al gobierno neoliberal de Noboa y compañía, la atención priorizada a las familias más vulnerables.
