La comunidad educativa y la ciudadanía conoce que en el gobierno del encuentro prevalece el pago de la deuda externa, la mentira institucionalizada y la corrupción vinculada al narcotráfico, dejando de lado los grandes males del país, en especial la educación. Esta política antipopular ha servido de base para que la Asamblea Nacional decida fiscalizar la gestión de la Ministra María Brown en el ministerio de educación; y, enjuiciar al Presidente Lasso, proceso al que la Corte Constitucional ha dado luz verde.
El Presidente Lasso y la Ministra de Educación María Brown, “entre gallos y medianoche” emiten un nuevo reglamento a la LOEI con la idea de levantar la imagen del presidente y del gobierno que ha perdido el respaldo popular. Este reglamento a más de inconsulto, es irreflexivo, autoritario, e incompleto, contradice y elimina maliciosamente normas en la propia ley. Aún más grave, quedan abiertas las posibilidades para “administrar” la educación mediante acuerdos ministeriales o decretos presidenciales, precisamente para pasar por encima de la LOEI respecto de la carga horaria y jornada laboral de los maestros, para asegurar este atropello, elimina el rol del Consejo Ejecutivo y la Junta Académica en los planteles escolares.
La corrupción y el autoritarismo también son parte de la política educativa que ejerce la ministra María Brown, quien se ha abrogado atribuciones que menguan el contenido de la LOEI en perjuicio de la educación pública y de los docentes ecuatorianos. En particular y lo más grave, es que la niñez y juventud, por el abandono del gobierno y la falta de trabajo de sus padres, en el mejor de los casos están inmersos en el trabajo infantil, y en el peor están siendo reclutados por las bandas criminales. En ese marco, el pasado sábado 25 de marzo, los maestros junto a la Unión Nacional de Educadores, luego de realizar una marcha nacional, acudieron al Palacio Legislativo a solicitar se fiscalice a la Ministra de Educación en cuanto se refiere a los derechos plasmados en la Ley Reformatoria a la LOEI que hoy pretenden ser vulnerados.
En cuanto al juicio político al Presidente Guillermo Lasso, no sé si haya muerte cruzada. Incluso el juicio político es incierto, porque la mayoría de los asambleístas son muy corruptos y volátiles. El pueblo les exige apoyen el juicio político y pasen a la historia destituyendo a un presidente presuntamente vinculado a las redes de narcotráfico.
Por otro lado, al Presidente Lasso le convendría mejor renunciar. Con ello, en teoría, conservaría la presidencia a través de Borrero, que se supone le será fiel, además, conservaría las 25 curules de CREO en la Asamblea, espacio desde donde cuidarían sus espaldas. Todo depende de cómo el presidente Lasso y sus asesores estén leyendo el escenario político, pero la verdad es que su olfato solo ha estado dirigido a las elites.
