El presidente Guillermo Lasso, anuncia una consulta popular de ocho preguntas de temáticas englobadas en seguridad ciudadana, protección del medio ambiente y reforma institucional, las mismas que de acuerdo a varios analistas constitucionales y al sentir de los sectores sociales populares, lejos de contribuir a mejorar la nefasta administración, a la par con la propaganda para el mundial de fútbol, pretende entretener a la población y mantenerla alejada de los grandes problemas que afectan al país., como la carestía de la vida, el creciente desempleo, la desatención a la educación general y a la universidad ecuatoriana, la falta de medicinas y médicos especialistas en los hospitales, la terrible inseguridad que campea en todo el Ecuador.
“El gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada…, que es un acto irresponsable”, ha adelantado el movimiento indígena que se encuentra en mesas de diálogo sin hasta el momento concretar ningún acuerdo que beneficie a la población.
El presidente Lasso, con el pretexto de combatir el crimen organizado, aspira que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, cuando el verdadero problema radica en la falta de trabajo y en la corrupción del sistema judicial.
La extradición más que un tema judicial es un tema de soberanía nacional. Para ello, precisamente hace falta un nuevo orden jurídico para que criminales y corruptos se sujeten a las leyes del Ecuador.
Reducir el número de asambleístas no soluciona la crisis, pues no se trata de cantidad, sino de calidad, deberían elevarse los requisitos de inscripción para evitar que faranduleros de baja monta pretendan fiscalizar y legislar. Los periodistas y/o comunicadores sociales, -aunque tienen el derecho constitucional para hacerlo-, por ética propia deberían excusarse de ser candidatos, porque deben tener claro a quien responder, si al cacique del partido que los auspicia o al dueño del medio de comunicación.
Que los movimientos políticos lleven un registro de sus miembros, esa tarea ya existe y es responsabilidad del organismo electoral vigilar su cumplimiento. En cuanto a eliminar facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este debería desaparecer y tales facultades regresar a la Asamblea Nacional.
Que desea proteger las fuentes hídricas y las áreas protegidas para beneficiar a quienes cuiden y conserven la naturaleza, el presidente Lasso olvida que para eso precisamente lo eligieron. Sin embargo, guarda silencio ante la apertura de nuevos bloques petroleros y concesiones mineras contraviniendo “la consulta previa, libre e informada” que manda la Constitución del Ecuador.
En la anunciada consulta, no se averiguan los temas que son de interés nacional. El gobierno del desencuentro no entiende que la incapacidad no se resuelve con consultas inoficiosas, sino con políticas públicas y reformas al sistema de gobierno.
Como están las cosas, se avizora un rotundo pronunciamiento por el NO a la consulta, que es lo mismo a decir No al gobierno de Lasso.
