Con las elecciones del domingo 19 de febrero, la democracia ecuatoriana y el país experimenta la culminación de una campaña electoral muy reñida, que en los últimos diez años no parecía serlo, por la seguridad del proyecto de la revolución ciudadana que ahora tambalea.
La mayoría de los ecuatorianos estamos conscientes que ahora no está en juego solo la victoria de uno u otro candidato. O si es la continuación o cambio de un proyecto de gobierno. Si la revolución ciudadana topó fondo. Si las agrupaciones progresistas y de izquierda recogen el sentir popular. O si la derecha por la ley del péndulo se hace del poder. Hoy los ciudadanos se cuestionan si los resultados de las próximas elecciones obligarán a los gobernantes triunfadores a modificar, entre otras cosas, la cuantía del endeudamiento externo, el destino del presupuesto nacional, la autonomía de las instituciones encargadas del control público y de la justicia. El respeto a la libertad de expresión, asociación y de los derechos humanos. Pero especialmente, el castigo a la corrupción.
En estas circunstancias, es importante que reflexionemos que en el Ecuador este fin de semana, no se pondrá fin a un modelo ni que nos abriga la esperanza de uno nuevo, porque en realidad será la continuación del mismo modelo, quizá sí, con un estilo diferente, y lo que los ecuatorianos aspiramos es un modelo más equitativo, solidario, soberano y respetuoso de la participación ciudadana y de las garantías que la Constitución franquea.
Ninguno de los candidatos ha aclarado como combatirá el mal llamado capital político, es decir la acumulación de poder e influencias para lograr grandes inmuebles y activos como aquellos que aparecen en los tumbados de las casas o en los paraísos fiscales, esos activos que provienen de los sobreprecios de obras públicas y que permite a los malos funcionarios, además de acaparar grandes sumas de dinero, incidir de forma significativa sobre la gestión de los asuntos públicos y manipular a los ciudadanos en los procesos electorales.
Finalmente, queda a los ciudadanos ecuatorianos que constan en el padrón electoral, valorar y decidir sobre la oferta política de los ocho candidatos presidenciales y de más de tres mil aspirantes entre principales y suplentes para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino, que como si tratara de una elección circense, hoy aparecen jugando con niños, besando enfermos y ancianos o recorriendo los sectores populares que ellos mismos han marginado.
La mayoría de los ecuatorianos estamos conscientes que ahora no está en juego solo la victoria de uno u otro candidato. O si es la continuación o cambio de un proyecto de gobierno. Si la revolución ciudadana topó fondo. Si las agrupaciones progresistas y de izquierda recogen el sentir popular. O si la derecha por la ley del péndulo se hace del poder. Hoy los ciudadanos se cuestionan si los resultados de las próximas elecciones obligarán a los gobernantes triunfadores a modificar, entre otras cosas, la cuantía del endeudamiento externo, el destino del presupuesto nacional, la autonomía de las instituciones encargadas del control público y de la justicia. El respeto a la libertad de expresión, asociación y de los derechos humanos. Pero especialmente, el castigo a la corrupción.
En estas circunstancias, es importante que reflexionemos que en el Ecuador este fin de semana, no se pondrá fin a un modelo ni que nos abriga la esperanza de uno nuevo, porque en realidad será la continuación del mismo modelo, quizá sí, con un estilo diferente, y lo que los ecuatorianos aspiramos es un modelo más equitativo, solidario, soberano y respetuoso de la participación ciudadana y de las garantías que la Constitución franquea.
Ninguno de los candidatos ha aclarado como combatirá el mal llamado capital político, es decir la acumulación de poder e influencias para lograr grandes inmuebles y activos como aquellos que aparecen en los tumbados de las casas o en los paraísos fiscales, esos activos que provienen de los sobreprecios de obras públicas y que permite a los malos funcionarios, además de acaparar grandes sumas de dinero, incidir de forma significativa sobre la gestión de los asuntos públicos y manipular a los ciudadanos en los procesos electorales.
Finalmente, queda a los ciudadanos ecuatorianos que constan en el padrón electoral, valorar y decidir sobre la oferta política de los ocho candidatos presidenciales y de más de tres mil aspirantes entre principales y suplentes para la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino, que como si tratara de una elección circense, hoy aparecen jugando con niños, besando enfermos y ancianos o recorriendo los sectores populares que ellos mismos han marginado.
