La catástrofe en la costa ecuatoriana ahondó la crisis económica que hace rato atraviesa el país, esta tragedia casi como anillo al dedo y bajo el pretexto de buscar recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas, ha permitido al régimen anunciar la venta de empresas públicas como la Hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico.
Los recortes presupuestarios a los municipios y el desmantelamiento y la privatización de las empresas públicas en nuestro país, son maniobras neoliberales perfectamente diseñadas por los organismos financieros multilaterales, a las que el gobierno se somete bajo el pretexto de “transformar esa riqueza en liquidez… (y) obtener miles de millones de dólares” para afrontar las consecuencias del terremoto.
El FMI, el Banco Mundial y ahora el Gobierno Chino condicionan al gobierno ecuatoriano, el aumento de impuestos, congelación de salarios, supresión de puestos de trabajo, la explotación de recursos naturales y la venta de las empresas estatales previo a otorgarle créditos. Cabe entonces preguntar y contestar: ¿es conveniente para el interés social vender por adelantado recursos como el petróleo? ¿Será correcto que sectores estratégicos para el desarrollo nacional estén bajo el control del capital privado? Obviamente que no, ni lo uno ni lo otro. Las experiencias recientes, nuestras y de los países vecinos, nos han dejado tristes enseñanzas.
El gobierno autodenominado revolucionario, debería optar por una reforma estructural que le permita replantear sus relaciones con los sectores de la empresa privada, asumiendo el rol de regulador y controlador de la economía nacional y así evitar el empobrecimiento al que nos conduciría la venta de las empresas públicas y otros “activos”, que en la práctica terminarían sirviendo para pagar la deuda contraída. Temor nos asalta saber que expresas chinas son las que comprarían la Hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico en la misma forma que compraron el Hotel Quito, con una dudosa licitación.
Lo cierto es que gracias a la venta de las empresas públicas, el FMI y las operadoras chinas controlarán la capacidad del gobierno para decidir en temas claves para la sostenibilidad de la economía nacional. Por lo que, queda a los sectores populares y progresistas que luchan por la soberanía nacional, rechazar las estrategias neoliberales que anteponen los grandes beneficios empresariales a los derechos básicos del pueblo, como el derecho a la salud, educación y trabajo.
