La semana anterior el Consejo Nacional Electoral aprobó la eliminación del registro electoral del PRIAN, PRE, MPD y Ruptura, argumentando que no cumplieron con los requisitos que señala el Código de la Democracia. Acto seguido, los dirigentes de estas agrupaciones iniciaron acciones legales para apelar tales decisiones, según manifestaron porque éstas no se “apegan a derecho” o son “aberraciones políticas por estar en la oposición”; y que más allá del fallo, ellos “seguirán en la palestra política defendiendo los derechos”; no sé, si los suyos o los de los de la ciudadanía.
El hecho cierto
es que, las cuatro organizaciones ya no podrán contar con los derechos
políticos que contempla la Constitución y el propio órgano electoral, y
consecuentemente no dispondrán de los beneficios económicos estimados en algo
más de 9 millones de dólares.
Debe
reflexionarse en el hecho de que el simple cumplimiento o no de ciertos
requisitos, no debe ser el factor determinante para la existencia de tal o cual
partido o movimiento político. Lo importante debe ser evaluar el grado de
vinculación de estos con las masas y su influencia en el diagnóstico y propuestas
de alternativas de solución a la problemática social y nacional, a partir de
acciones de educación y formación política que generen a su vez una auténtica
democracia interna.
Quizá las
decisiones del CNE resulten una medida de endurecimiento que afecte al sistema
de representación popular, pero éstas no evitarán que ciertas agrupaciones que
“a leguas” no gozan del respaldo popular, sigan siendo una especie de club de
socios con derechos reservados que se hacen respaldar de un grupo de fanáticos
llenos de esperanzas postergadas
Finalmente, las
agrupaciones políticas que aún constan en el registro electoral, ni remotamente
representan la pluralidad política y mucho menos son el reflejo de verdaderas
alternativas organizativas para los ecuatorianos, porque algunas han sido
paridas de otras por la pérdida de prestigio, por el oportunismo o porque sus
dirigentes han hipotecado el acumulado histórico de lucha que los sectores populares
han pagado con sus vidas.
