Desde 1996 se vienen realizando evaluaciones a
los estudiantes, antes se denominaron pruebas “APRENDO”, hoy pruebas “Ser
Ecuador”. Lo cierto es que unas y otras son adaptaciones de las pruebas PISA,
evaluaciones impuestas desde el año 2000 por la OCDE, organismo no de carácter
educativo sino económico dependiente del Banco Mundial.
Nadie podría decir que los resultados de estas
evaluaciones no sirven. Pero éstas no nos indicarán dónde están los problemas
del proceso de enseñanza y aprendizaje, tampoco nos enseñará cómo está nuestro
diseño curricular; es decir, no son instrumentos eficaces para medir
efectivamente la problemática educativa. Para el INEVAL las pruebas “no miden conocimientos sino las destrezas y
habilidades que deben tener nuestros estudiantes”, respecto de estudiantes
de otras escuelas o localidades. Sin
embargo, más allá de los resultados, lo malo de éstos, radica en que se
pretenda ocultarlos para echar la culpa de la mala calidad de la educación, a
los profesores y a la UNE.
Desde luego estos resultados le sirven a la
OCDE, que funciona como una “agencia
acreditadora” que busca homogenizar la educación y detectar cuál es el
nivel de preparación de los chicos en las próximas décadas, entiéndase de la
mano de obra que necesitarán las transnacionales, a partir de los cuales,
condicionan el cumplimiento de “recomendaciones”
previo al otorgamiento de “ayudas”.
Debe quedar claro, que mientras se siga
tratando a la educación como una mercancía, va a haber una educación buena,
regular y mala. Entonces, si se analiza desde el lado de las escuelas privadas,
exceptuándose unas pocas y desde luego muy caras, son relativamente muy buenas;
pero lo que abunda son las escuelas de “garaje”, también costosas pero mediocres.
En cuanto a la educación pública, sin duda hay
falencias, pero la evaluación que se aplica no sirve para determinar el verdadero
estado de la educación menos aún para saber el grado de conocimiento de los
estudiantes.
Queda entonces, forjar la unidad de todos los
actores sociales, para demandar del Gobierno la responsabilidad ineludible e
inexcusable para garantizar “una
educación pública laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel
de educación superior inclusive”.
