En los últimos meses, en el contexto de la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural el Presidente de la República ha reclamado por un lado al ministerio de educación acelerar las reformas educativas que requiere el país; y a las autoridades zonales y provinciales de educación la puestas en marcha de la reciente Ley a pesar de que aún no se emite el reglamento respectivo, esto, según dice, con el propósito de mejorar la calidad de la educación y de que pueda ser competitiva a escala internacional.
La urgencia de su pedido obviamente responde a las presiones del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esa es una de las razones por las cuales el gobierno ha reforzado su campaña en los medios de comunicación, señalando que la crisis por la que atraviesa la educación pública es responsabilidad de los docentes, a quienes se presenta como un sector privilegiado y oneroso para las arcas fiscales del país. Las recomendaciones de estos organismos y otros en materia de política educativa, entre otras cosas, plantea incentivar la competencia entre los profesores, basando su promoción y estímulos en los resultados de pruebas estandarizadas, e incluso abre márgenes para la privatización encubierta de la educación pública, lo cual se evidencia en la autorización y funcionamiento ilimitado de centros educativos privados mientras que la creación de establecimientos públicos está paralizada.
Varios conocedores de la temática educativa, señalan que estas sugerencias tipo receta jamás han servido para elevar la calidad educativa, puesto que han pasado por alto temas puntuales de la crisis del sistema educativo, como la inversión del 6% del PIB, la corrupción, la inequidad, la exclusión y el rezago social, la compleja relación entre directivos y docentes, aspectos que en conjunto derivan en la vaguedad, ineficiencia y desarmonía de nuestro sistema educativo.Ante persistencia del gobierno y del Ministerio de Educación por estandarizar la evaluación de estudiantes y profesores al margen de la Constitución (art. 346), no solamente el gremio de losa docentes sino profesionales idóneos en el ámbito pedagógico han censurado la supuesta utilidad de esas pruebas ya que “no toman en cuenta las diferencias sociales, culturales y económicas que afectan al proceso educativo; no consideran las desigualdades existentes entre escuelas y regiones; no ponderan conocimientos que resultan valiosos en función de ciertos entornos y no permiten, por tanto, conocer los factores que debilitan y fortalecen el aprendizaje”. No está de más recordar al respecto que, en atención a estas consideraciones, la Dirección de Educación del Distrito Metropolitano de Quito ha puesto en marcha su propio sistema de evaluación.
No se puede dejar de reconocer el apoyo del gobierno a aspectos como la colación, textos, uniformes y gratuidad de la matrícula escolar. Sin embargo, la desastrosa realidad que enfrenta el país en materia educativa aunque, es en gran parte heredada de los gobiernos populistas y neoliberales, en los que la administración pública ha sido puesta al servicio de la especulación financiera en detrimento de la educación, salud, vivienda, etc.
En el momento actual, para resolver la tensión que existe entre el supuesto fin de elevar la calidad educativa y la pretensión de hacerlo con la nueva Ley de Educación, es obligatorio para nuestro país un Proyecto Educativo de largo plazo, estratégico e integral, proyecto que tenga un contenido esencialmente humano, de igualdad de oportunidades para todos, sin privilegios ni discriminaciones, que combine la escuela con la vida y el trabajo, que involucre a la escuela con la práctica social y la investigación científica. Esa es la vía para la urgente transformación social y nacional que propugna el gobierno de la “revolución ciudadana”.
