Lo que sucede actualmente en el país, confirma la vigencia de la lucha de clases. Mientras los sectores empresariales defienden la eliminación de los subsidios a los combustibles; los sectores de los trabajadores, campesinos e indígenado rechazan la medida que el FMI ha impuesto al gobierno del Presidente Moreno.
En todos los países donde se han impuesto las recetas del FMI, los gobiernos han visto debilitada la gobernabilidad, la convivencia y cohesión social; a la par disminuyendo las condiciones de vida, generado sacrificio dolor y sangre.
Supuestamente con la eliminación de subsidios se estima obtener mil cuatrocientos millones de dólares anuales. Sin embargo a los sectores que defienden las medidas, a los que dicen que harán un sacrificio para asumirlas y ayudar a solucionar el déficit fiscal, el Gobierno les subsidia no controlando la evasión de impuestos y el cobro de deudas que en conjunto serian aproximadamente siete mil millones de dólares, cantidad que con demasía sobrepasa los cuatro mil doscientos millones de dólares que presta el FMI.
Es preciso preguntarse ¿a quién beneficia elevar los costos de los combustibles?, obviamente es, a los importadores de los combustibles, a los que pretenden privatizar la refinería y a los transportistas que no quieren ver alteradas sus ganancias; por el contrario, se garantiza su rentabilidad a costa del aumento de los precios de la canasta familiar que afecta a los hogares más empobrecidos.
Asumamos que el alza del pasaje es de cinco centavos (el límite es 10 centavos), es decir hay un aumento del 20%. Esto debería corresponder a un mismo 20% de aumento en los ingresos mensuales de los trabajadores sin considerar el aumento de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica familiar.
Como si fuera poco, junto a la eliminación de los subsidios a los combustibles, el Gobierno envía a la Asamblea Nacional una reforma laboral regresiva de derechos que, entre otras medidas incluyen:
– Reducción del 20% de la remuneración de los contratos ocasionales de los servidores públicos, complicando y disminuyendo su nivel de vida.
– Eliminación de 15 días de vacaciones que atentan con el descanso del sector público, en su lugar debería implementarse la progresividad de vacaciones en el sector privado.
– Descuento mensual de un día de salario a los trabajadores del sector público. Lo cual es un impuesto al trabajo, mientras que a los empresarios cada vez se les hacen exoneraciones para que no paguen impuestos.
– Imposición de nuevas modalidades de contratos laborales para quienes inician un emprendimiento, lo cual conducirá al cierre de empresas para beneficiarse de las nuevas formas de contrato.
Finalmente, ante las protestas de los trabajadores, campesinos e indígenado en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, el Gobierno en complicidad con la derecha descalifica y atemoriza el descontento popular decretando estado de excepción y toques de queda, que en concreto, autorizan la imposición de la violencia extrema a favor del Gobierno. Esta medida se constituye en el eje político y económico para beneficiar a los empresarios y perjudicar a los hogares más pobres.
En todos los países donde se han impuesto las recetas del FMI, los gobiernos han visto debilitada la gobernabilidad, la convivencia y cohesión social; a la par disminuyendo las condiciones de vida, generado sacrificio dolor y sangre.
Supuestamente con la eliminación de subsidios se estima obtener mil cuatrocientos millones de dólares anuales. Sin embargo a los sectores que defienden las medidas, a los que dicen que harán un sacrificio para asumirlas y ayudar a solucionar el déficit fiscal, el Gobierno les subsidia no controlando la evasión de impuestos y el cobro de deudas que en conjunto serian aproximadamente siete mil millones de dólares, cantidad que con demasía sobrepasa los cuatro mil doscientos millones de dólares que presta el FMI.
Es preciso preguntarse ¿a quién beneficia elevar los costos de los combustibles?, obviamente es, a los importadores de los combustibles, a los que pretenden privatizar la refinería y a los transportistas que no quieren ver alteradas sus ganancias; por el contrario, se garantiza su rentabilidad a costa del aumento de los precios de la canasta familiar que afecta a los hogares más empobrecidos.
Asumamos que el alza del pasaje es de cinco centavos (el límite es 10 centavos), es decir hay un aumento del 20%. Esto debería corresponder a un mismo 20% de aumento en los ingresos mensuales de los trabajadores sin considerar el aumento de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica familiar.
Como si fuera poco, junto a la eliminación de los subsidios a los combustibles, el Gobierno envía a la Asamblea Nacional una reforma laboral regresiva de derechos que, entre otras medidas incluyen:
– Reducción del 20% de la remuneración de los contratos ocasionales de los servidores públicos, complicando y disminuyendo su nivel de vida.
– Eliminación de 15 días de vacaciones que atentan con el descanso del sector público, en su lugar debería implementarse la progresividad de vacaciones en el sector privado.
– Descuento mensual de un día de salario a los trabajadores del sector público. Lo cual es un impuesto al trabajo, mientras que a los empresarios cada vez se les hacen exoneraciones para que no paguen impuestos.
– Imposición de nuevas modalidades de contratos laborales para quienes inician un emprendimiento, lo cual conducirá al cierre de empresas para beneficiarse de las nuevas formas de contrato.
Finalmente, ante las protestas de los trabajadores, campesinos e indígenado en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, el Gobierno en complicidad con la derecha descalifica y atemoriza el descontento popular decretando estado de excepción y toques de queda, que en concreto, autorizan la imposición de la violencia extrema a favor del Gobierno. Esta medida se constituye en el eje político y económico para beneficiar a los empresarios y perjudicar a los hogares más pobres.
