Desigualdades sociales se ven con el prisma de la conciencia de clase

Antes de la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, la economía ecuatoriana se precipitaba más por la pandilla de corruptos que por la mala conducción del país. Así, la declaratoria de emergencia y el Estado de excepción por la Covid-19 cayó como anillo al dedo al Gobierno Nacional, puesto que lejos de frenar la contagiosa enfermedad sirvió más para detener los procesos de levantamiento popular que estaban en curso desde el mes de octubre de 2019.

La reciente aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario confirma que la enfermedad tiene carácter de clase. Por una parte, se quiere hacer creer que esta ley contiene acuerdos laborales, pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros, que beneficiarían a los ciudadanos.

Sin embargo, en lo concerniente a los derechos laborales garantizados por la Constitución de la República, estos hoy son disminuidos. La nueva ley contempla normas que se refieren a los acuerdos para ajustar las condiciones económicas laborales, el contrato emergente, el goce de vacaciones, el teletrabajo, la reducción de la jornada laboral y la consecuente reducción del salario.

Servidores públicos y trabajadores vienen cumpliendo protestas y han anunciado demandas de inconstitucionalidad a la ley, tema éste que será motivo de otro análisis. Cabe preguntarnos ahora, si las revueltas de ayer revivirán en los próximos días. Pienso que sí, porque a mi entender, las bases de los reclamos seguirán vigentes mientras el estado capitalista de Lenin Moreno esté maniatado por la derecha económica y sometido a los requerimientos de la banca chulquera internacional.

La pandemia ha develado las enormes carestías sufridas por los sectores populares a causa de un neocapitalismo cuyo principio es la corrupción, que a la vez ahonda las desigualdades entre ricos y pobres. Mientras que al tercio de la población que tiene subempleo y trabajo informal, le despoja de derechos y los obliga a laborar en condiciones deplorables y con sueldos de miseria.

La Ministra de Gobierno desde el COE-Nacional declaró una cuarentena sanitaria y de confinamiento social, se emitieron normativas para precautelar la salud y seguridad de los pobladores. Mas éstas desembocaron en una fuerte represión ejercida por los uniformados, que al parecer recibieron órdenes de defender abiertamente los privilegios de la clase dominante y castigar con dureza cualquier conato de protestas que en medio de la mencionada cuarentena, inicialmente de forma virtual y luego en calles y plazas realizaron la clase trabajadora y sectores populares.

Lo cierto es que la Covid-19, despertó el proceso de lucha emancipadora. El cacareado buen vivir no se ve llegar, por el contrario hay una pérdida de la calidad de vida que se suma a la privatización de varias empresas estatales. Las desigualdades sociales empiezan a verse desde el prisma de la conciencia de clase, por lo que cobra vigencia la unidad y solidaridad entre la gente y los movimientos sociales y populares en el contexto de la soberanía del pueblo.

Al pueblo lo que es del pueblo

Parafraseando parte de la expresión bíblica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, pareciera que hay quienes quisieran que ante el extendido Estado de Excepción nos limitemos a las normativas que lo rigen, podría decirse que de acuerdo; pero hay también quienes quieren que creamos que la pandemia del COVID-19 es un castigo de Dios que llegó acompañado de la corrupción de estos neo fariseos que pululan alrededor de Carondelet y los Ministerios Públicos.

No son criterios opuestos, aunque si distintos, sumado a que ni unos ni otros respeten sus propias obligaciones y menos la Constitución y las leyes. No nos sorprende que nuestro país encabece las estadísticas del COVID-19, de la corrupción y de la arremetida contra los trabajadores y los sectores populares, a quienes bajo el pretexto del achicamiento del Estado, primero se da preferencia a la privatización de las empresas y servicios públicos y a las compañías oligárquicas redactando leyes tributarias y otras que precarizan y flexibilizan el trabajo en detrimento de la estabilidad laboral y de garantizar un salario justo, leyes que en definitiva conculcan derechos y disminuyen las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Infortunadamente siempre supuse que la legislación laboral no es regresiva, que los gobiernos están para garantizar los derechos a todos los ciudadanos, sin embargo desde hace más de una década y ahora aprovechando la coyuntura del COVID-19, derechos como el contrato individual de trabajo, salario mínimo, jornada máxima, pago de horas extras, sindicalización, huelga, contrato colectivo, seguridad social, vacaciones, amparo a la maternidad, el no trabajo infantil, las indemnizaciones por despido, accidentes y enfermedades profesionales, pago de utilidades, entre otros; en algunos casos se han disminuido y en otros se han suprimido.

Desde luego que la posición reivindicadora de los sectores populares, de la izquierda y de los trabajadores, toda la vida ha incomodado al sector empresarial y al Estado capitalista, éstos los han calificado de terroristas, socialistas, marxistas, comunistas, etc., etc., presionando a la par a los gobiernos para que les garanticen sus inversiones y sus ganancias depredadoras, cumpliendo recetas de organismos internacionales, que las imponen como en tiempos de las dictaduras que la CIA establecía en nuestros países.

En el gobierno de la revolución ciudadana entre comillas, nos hizo creer que habría un amplio cambio en la legislación laboral, reformas que finalmente se identificaron como neoliberales, puesto que derechos como la organización fue debilitado con la intención de liquidarlas, para ello se crearon organizaciones paralelas que condujeron al aumento del servilismo y a la profundización de la corrupción.

Sin embargo de estas limitaciones impuestas durante la era del correato, organizaciones como la Unión Nacional de Educadores ha cuestionado las reformas y junto a gremios de los servidores públicos y de trabajadores van forjando la unidad y recuperando fuerzas para ejercer la resistencia y protestar; así como acudiendo a las instancias legales para interponer los recursos que permitan restablecer sus derechos.

COVID-19 renueva necesidad de organización popular

Han pasado casi 90 días de confinamiento debido al COVID-19 que esta vez está acompañada de la pandemia de la corrupción. Durante este tiempo, no solamente se ha puesto de manifiesto que no hemos estado preparados en el campo de la salud, sino que son las camarillas de sinvergüenzas y rateros que rodean a los gobiernos de turno, los que se llevan con la complicidad de jueces los dineros del erario nacional.

El Gobierno Nacional y los gobiernos seccionales no han podido dar respuesta a la amenaza que representa la evolución de la pandemia de COVID-19, probablemente lo intentan, pero las redes de corrupción que no son de ahora, lo impiden, haciendo que los niveles de pobreza en los sectores populares aumente casi en el mismo porcentaje de la pandemia, todos reconocen, que los más pobres serán los más afectados, puesto que en general carecen de acceso a los más elementales servicios de higiene y salud, sumado a las deplorables condiciones de vivienda y de hacinamiento.

Ante esta realidad, la tarea más importante del Gobierno es la de garantizar el trabajo a las personas, a fin de que éstas puedan acceder a la compra de alimentos, de medicamentos y al pago de los servicios básicos. Pero en nuestro país sucede lo contrario, se eliminan fuentes de trabajo, limitando así, el derecho a la vida de la población. Al mismo tiempo se anula la libertad de reunión y de asociación y se pretende invalidar el derecho constitucional a la resistencia. Decretan un distanciamiento social con la clara intención de impedir que luchemos contra la corrupción y los corruptos, incluso con la amenaza de usar las armas contra el pueblo.

En el Ecuador más de la tercera parte de la población sobrevive del comercio informal, esto no es una aventura fácil en estos tiempos de confinamiento y prohibiciones. Muchos de los trabajadores informales dependen de sus ventas diarias, las mismas que han disminuido y en otros casos no hay. Los sectores de negocios semi formales y formales que se vieron obligados a cerrar durante la etapa del semáforo rojo, ahora corren el riesgo de caer de nuevo en la pobreza.

Lo cierto es que la enfermedad deja al descubierto las desigualdades sociales. El mencionado teletrabajo -que dicho sea de paso disminuyó la jornada laboral y por ende el salario de los trabajadores-, resulta ser un lujo que los pobres no se pueden permitir, en donde los altos niveles de informalidad laboral hacen que grandes sectores de la población queden excluidos de la seguridad social, aumentando como consecuencia de ello, las redes de la delincuencia social menor.

No hay duda de que la pandemia reveló los altos niveles de corrupción, la intención de privatizar algunas empresas estatales, la voracidad de la banca chulquera y de las transnacionales que someten al gobierno a los mandatos del FMI; pero al mismo tiempo, renueva la necesidad de la organización popular para luchar contra estas lacras sociales.