El pueblo paga la crisis, mientras se reparten el poder y la impunidad

La realidad que vive hoy el Ecuador, desnuda la crisis profunda de un Estado puesto al servicio de quienes tienen más y no de quienes sostienen el país con su trabajo. Mientras el pueblo se ajusta el cinturón, la institucionalidad burguesa se fermenta entre escándalos de corrupción, encubrimientos y disputas de poder que nada tienen que ver con la solución de las necesidades más urgentes de los trabajadores.

La “renuncia” del presidente de la Corte Nacional de Justicia, no es una señal de higiene institucional. Es la consecuencia de un sistema judicial prisionero, que designa autoridades cuestionadas como Mario Godoy, hoy vinculado a redes delincuenciales internacionales. La pugna por su reemplazo no responde a un afán de transparencia, sino al reparto del botín. Quién controla la Judicatura tiene la llave para garantizar impunidad a los poderosos. A esto se suman los procesos contra altos mandos policiales y los escándalos que salpican al círculo cercano a Carondelet, confirmando que la corrupción se ha convertido en método de gobierno.

Pero mientras arriba se disputan cargos y negocios, a la gente de a pie, la vida se le vuelve cada vez más precaria. El gobierno menciona un crecimiento del empleo, sin embargo, más de la mitad de la población sobrevive en la informalidad, sin derechos, sin seguridad social y con ingresos miserables que no alcanzan para cubrir la canasta básica que ya supera los 800 dólares. En este contexto, la supuesta recuperación económica no es más que una mentira para quienes luchan a diario por cubrir sus necesidades básicas.

Como si esto fuera poco, los municipios descargan la crisis sobre los hombros del pueblo a través del aumento del impuesto predial y de las contribuciones especiales de mejoras. Se cobra más, se paga por más años y se invoca la solidaridad, en tanto los barrios populares siguen abandonados. Mientras los alcaldes evitan confrontar al Gobierno Nacional para exigir los recursos que les adeuda. El camino fácil es siempre el mismo, exprimir a las clases populares.

Esta es la verdadera cara del neoliberalismo, corrupción en el gobierno y las élites, precariedad para el pueblo. Ante esto, la lucha obrera es justa e imprescindible para enfrentar un sistema que condena a las mayorías al pago eterno de la crisis provocada por el modelo oligárquico.

 

 

La agresión no fue contra Maduro, es contra la democracia, el pueblo y la clase trabajadora

 

La historia reciente demuestra que cada vez que la fuerza militar se impone sobre el diálogo, quienes pagan el precio no son los gobiernos ni los estrategas, sino los pueblos. Por eso resulta imposible mirar con indiferencia cualquier acción armada que vulnere la soberanía y la paz de Venezuela, un país cuyas tensiones internas no pueden ni deben resolverse mediante la violencia externa.

La experiencia internacional demuestra que las guerras rara vez se libran por las razones que se declaran públicamente; suelen justificarse con discursos morales mientras persiguen objetivos económicos y estratégicos. En Venezuela, el uso de la fuerza contra la población civil no fue una consecuencia inevitable, sino una decisión política genocida con el interés de controlar la mayor reserva de petróleo del mundo.

Aceptar estas agresiones como parte del orden mundial implica asumir que la vida humana y la soberanía pueden sacrificarse en nombre del poder y el capital. Cuando la guerra se normaliza como herramienta para garantizar acceso a recursos, se anula el Derecho Internacional y se impone la lógica del más fuerte sobre la convivencia entre naciones.

Para la clase trabajadora ecuatoriana, la paz no es una consigna, sino una necesidad concreta que sostiene el trabajo, la migración y la vida diaria. La violación de principios como la no intervención, la autodeterminación y la soberanía desestabiliza no solo países, sino regiones enteras. Son los sectores más vulnerables y quienes viven de su esfuerzo los que sufren primero, más pobreza, desplazamientos forzados y disminución de los derechos sociales básicos.

Venezuela forma parte de una historia regional compartida y de una América Latina marcada por disputas sobre sus riquezas naturales. La amenaza de una intervención militar en la región es inquietante, pues demuestra que nuestros territorios continúan siendo considerados reservas estratégicas y, para Trump, el patio trasero de Estados Unidos.

La agresión y el secuestro de un presidente disfrazados de la “lucha contra el narcotráfico” y la “defensa de la democracia” es un argumento cínico. La historia demuestra que las guerras por recursos no construyen democracia ni estabilidad; dejan dependencia y fracturas sociales profundas.

Frente a este escenario, el antiimperialismo obrero exige denunciar la ofensiva estadounidense y garantizar la soberanía y la autodeterminación, que no es tomar partido por un gobierno, sino por los pueblos, lo cual es quizá, el acto más combativo de todos.

2025: Un Año lleno de corrupción, crisis y promesas rotas

 

En Ecuador, la quema del “Año Viejo” simboliza la esperanza de dejar atrás lo malo. Sin embargo, cuando se apagan las llamas, la realidad vuelve a imponerse con crudeza: inseguridad, pobreza, desempleo y una profunda desconfianza en las instituciones. El problema no es la falta de esperanza del pueblo, sino la reiterada incapacidad del gobierno para responder a las necesidades sociales más urgentes.

Durante el 2025, el gobierno de Daniel Noboa demostró una alarmante desconexión con la realidad cotidiana de la mayoría de los ecuatorianos. Mientras hablaba de modernización y seguridad, en la práctica se consolidó un modelo que protege a las élites económicas, sacrificando los derechos colectivos. La violencia creció hasta ubicarnos entre los países más inseguros del mundo, sin que existan políticas integrales para enfrentar las causas estructurales del narcotráfico, la exclusión y la falta de oportunidades.

La economía familiar es otro reflejo del fracaso gubernamental. El empleo digno escasea, el trabajo informal se expande y los salarios ya no alcanzan para cubrir ni una parte significativa de la canasta básica. En lugar de fortalecer los servicios públicos, estos funcionan cada vez peor, alimentando la narrativa de que la privatización es la única salida. Salud y educación, derechos fundamentales, se convierten así en privilegios para quienes pueden pagarlos.

En educación persiste una cobertura desigual, con brechas urbano-rurales, infraestructura deteriorada y escasos recursos pedagógicos. La formación docente carece de actualización y estabilidad, afectando el aprendizaje. Continúan la deserción y el rezago escolar asociados a la pobreza. La educación superior enfrenta desfinanciamientos, que limitan el acceso en igualdad de oportunidades, la investigación, la innovación y el desarrollo nacional.

El Estado neoliberal, una vez más, ha renunciado a su responsabilidad social. El Año Nuevo llega con los mismos problemas de siempre: inseguridad, pobreza, desempleo y precariedad. El Año Nuevo no borra deudas ni cicatrices sociales; las traslada, incluso a crédito, para el 2026 y los años siguientes.

Pero el Año Nuevo también abre la posibilidad de organizarse, participar y exigir un rumbo distinto. Superar este modelo excluyente demanda unidad, conciencia crítica y una ciudadanía activa. Solo así se dejará de repetir la crisis para marcar, finalmente, un comienzo esperanzador.

Que el 2026 encuentre a las familias en armonía y al pueblo ecuatoriano unido, organizado y en pie de lucha para construir un proyecto emancipador que nazca de la conciencia popular.