Como docente he vivido de cerca las tensiones presupuestarias de los últimos años, miro con profunda preocupación la aprobación del Presupuesto General del Estado 2026 y, especialmente, la pésima ejecución del presupuesto 2025. Lo que debería ser una hoja de ruta para fortalecer la educación pública, se ha vuelto un espejo que revela una gestión que se aleja de las necesidades del pueblo.
En 2025 se asignaron más de siete mil millones para educación, pero el Gobierno ejecutó apenas un 52 %, cifra que evidencia negligencia y falta de planificación. Ese subejercicio deja aulas sin mantenimiento, textos sin imprimir y docentes sin reconocimiento salarial. Mientras tanto, para el pago de la deuda externa sí se ejecutó más del 76 %, dejando claro que la sumisión al FMI es prioritaria, aun a costa de sacrificar el futuro de millones de estudiantes.
Que en el 2026 el presupuesto educativo se disminuya ya no sorprende, pues cada año sucede lo mismo. Pero si preocupa que ahora la proforma no contemple los recursos para cumplir la Transitoria Trigésima Tercera, afectando por tercer año consecutivo a más de catorce mil docentes y tampoco garantiza la tan esperada equiparación salarial para miles de maestros que aún esperan justicia.
La ausencia de fondos específicos para la adquisición y actualización de textos escolares anticipa retrasos que, no solo afectarán el normal desarrollo del año lectivo, sino que también limita la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles. En materia de infraestructura educativa, la escasa y deficiente planificación revelan que se proyecta intervenir apenas el 10% de las instituciones que se encuentran en mal estado, cifra que no responde a la magnitud del problema que enfrentan miles de estudiantes y docentes.
A ello se suma la reducción de ciento veintiocho millones de dólares destinada a diecinueve universidades públicas, recorte que implica menos investigación, contratación de docentes y menos oportunidades de acceso para los jóvenes. Solo en 2025, más de cien mil estudiantes quedaron al borde del pantano social debido a que estas limitaciones les impidió el ingreso a la universidad. En la UNL, el recorte bordea los seis millones de dólares; no obstante, duele aún más la actitud de los tres estamentos universitarios, que pese al profundo impacto que esta situación genera en toda su comunidad académica, guardan silencio.
