A un mes de la posesión de Daniel Noboa, hijo del empresario más rico del Ecuador, no tardará en desenmascararse y desplegar sus políticas neoliberales, ya no bajo presión del Fondo Monetario Internacional, sino asumiendo su rol de representante de la oligarquía criolla e internacional. Será el continuador del conservadorismo liberal del gobierno de Lasso, quien para librarse del juicio político por presunta corrupción disolvió el parlamento en medio de un escenario social agravado por la violencia criminal y política, ha justificado que las alianzas con el correísmo y los socialcristianos serán para lograr cierto margen de gobernabilidad.
El electo presidente -una sorpresa a medias- posicionó su campaña en las redes sociales twitter y tiktok en base a videos hechos con muñecos de cartón con su imagen a escala real, ofreciendo un “Nuevo Ecuador” para combatir y castigar el crimen organizado y reestructurar la economía para crear más fuentes de trabajo. Dijo que sus “promesas no se quedarán en campaña”. Sin embargo, su visión neoliberal hace presumir lo contrario, pues esta semana se reunió con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, anunciando una reforma tributaria cuyo peso con certeza caerá sobre los hombros de las clases sociales marginales.
La gente de los sectores populares hace rato vienen reclamando de los gobiernos de turno fuentes de empleo, educación y salud gratuita, acceso a los servicios básicos, seguridad ante el crecimiento de la violencia. Exigencias que se acentuaron durante las protestas del 2019 y el 2021. Protestas que vive el Ecuador por el agotado modelo económico neoliberal y a las que el Presidente Noboa tendrá que dar respuesta con políticas concretas para evitar que el pueblo vuelva a manifestarse en las calles, reclamando sus derechos y el cumplimiento de las ofertas de campaña, desde luego si Alberto Dahik no dispone se escarmiente con mano dura el clamor popular.
Por otro lado, y no menos importante, el presidente electo no cuenta con una fuerza parlamentaria sólida, las posibilidades de impulsar soluciones en 17 meses son mínimas debido a la evidente mediocridad y debilidad organizativa o por haber caído en las redes de la presión mediática de la derecha y de los grupos empresariales a los que representa. Además, ya ha manifestado su deseo de postularse para las elecciones del año 2025, por lo cual el manejo de la administración pública será inmediatista y clientelar a fin de montar su tarima electoral, antes que para resolver los graves problemas nacionales.
Ante esta realidad, las organizaciones populares progresistas y de izquierda en diferentes asambleas han ratificado su posición de exigencia para que se resuelvan los problemas de la gente y su oposición a una eventual aplicación de medidas antipopulares.
