domingo, 15 de julio de 2007

CON LA FIRMA DEL TLC HABRÁ MENOS ESTUDIANTES EN LAS AULAS

LOS ESTUDIANTES SON CADA VEZ MÁS CLIENTES Y MENOS ESTUDIANTES
Ante el fracaso del avance en las negociaciones del ALCA, los Estrados Unidos desde el año 2004, está negociando bilateralmente con Ecuador, Colombia y Perú, el Tratado de Libre Comercio TLC.
Este tratado incluye no solamente temas comerciales, sino también servicios, entre ellos los educativos. De esta manera, recoge el espíritu del Acuerdo General de Servicios de la Organización Mundial de Comercio, que trata a la educación como una mercancía. Esto ha llevado a que el derecho fundamental a la educación esté subordinado a las fuerzas del mercado, lo que quiere decir, que los que tienen menos ingresos tendrán menos posibilidades de acceder a una educación de calidad. En consecuencia, se incrementará la desigualdad social y empeorarán las condiciones para fomentar el desarrollo humano en el país.
Con la firma del TLC, se permitirá que cada vez más entren actores privados con fines de lucro en el sector de la educación; El objetivo de estos actores es producir utilidades, y no una educación de calidad. A su vez, se propende a que los sistemas educativos se ajusten más a las necesidades de las multinacionales y del sistema productivo imperante en este momento, sin considerar las necesidades de las personas y la realidad local.
Con la firma del TLC el Estado pierde la potestad de manejar una política pública que mejore el acceso y la calidad de la educación. Las empresas que literalmente venden servicios educativos tienen la potestad de ofertar estos servicios bajo las consideraciones que a ellas les parezcan mejor. Como resultado, se pone como indicador de calidad de la educación la utilidad y la competitividad para insertarse al mercado laboral.
Con la firma del TLC el Estado se verá obligado a comprar bienes y servicios educativos –computadoras, textos educativos, muebles, a través de licitaciones internacionales que perjudican a los productores nacionales, dado que las empresas multinacionales son mucho más competitivas. El Estado no podrá establecer subsidios a las universidades públicas, ya que las empresas educativas trasnacionales podrán demandarlo ante tribunales internacionales, reclamando altas indemnizaciones.
Con la firma del TLC el Ecuador tendrá que avalizar los títulos, diplomas y licencias de los colegios y universidades de los Estados Unidos, pero Estados Unidos no hará lo mismo con los títulos de los colegios y universidades Ecuatorianas, fomentando una movilidad humana excluyente y discriminatoria.
El TLC restringe la política educativa estatal y desestimula la inversión del sector público en educación, de este modo, fomenta la privatización de la educación y la precariedad del sistema de educación pública.
Quedó comprobado que el TLC no es solamente un tratado comercial: también tiene considerables implicaciones en el ámbito económico, político y cultural. Por eso, atañe a toda la población., no obstante, las negociaciones se hacen a espaldas de la población, particularmente de la comunidad educativa (maestros, estudiantes y padres de familia).
La constitución ecuatoriana, en su Art. 3, establece que el deber prioritario del Estado es asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social. Asimismo, el Art. 66 establece que es obligación del Estado garantizar y promover el derecho a la educación para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y que la educación es un área prioritaria de la inversión pública, requisito para el desarrollo nacional y garantía de la equidad social.
Por ende, el Ecuador no puede dejar en manos de las empresas transnacionales el manejo de la educación del país. Tiene que tener una posición digna y autónoma, a la hora de negociar el TLC, asumiendo que la educación es uno de los derechos fundamentales, que permite impulsar un proyecto de nación que reafirme la identidad nacional y local, fomente valores basados en los derechos humanos y objetivos nacionales estratégicos.
Por lo tanto, los maestros debemos encabezar una lucha junto al pueblo, para exigir al gobierno ecuatoriano que excluya el tema de la educación del proceso de negociaciones, por ser un derecho fundamental, y que por lo tanto deba ser decidido por todo el pueblo. Negociar este derecho fomentará la exclusión y marginación de millones de ecuatorianos.

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