El
sórdido calificativo del más cercano colaborador de Febres Cordero y Rafael
Correa realizado al Arzobispo de Guayaquil, es otra estrategia del ala derecha
de la revolución ciudadana para entretener al pueblo ecuatoriano.
No
creo que alguien tenga licencia para asegurar que la Iglesia ecuatoriana no ha
estado involucrada en la política y en la disputa de espacios de poder. Lo ha
hecho con grupos como el Opus Dei, Tradición Familia y Propiedad y desde luego
con la burguesía criolla; y en aplicación de la Doctrina Social se ha acercado
hasta los barrios populares, donde sectores cercanos a la Teología de la
Liberación han sido cuestionados y perseguidos.
No
sé si más de la derecha y menos de la izquierda, tampoco si “recadera
insolente”, lo cierto es que de una u otra forma la Iglesia ha sido
protagonista de la historia social y política del país, su voz ha sido
escuchada con una credibilidad importante, razón por la que precisamente los
grupos socio políticos y económicos la han buscado cediéndole parte del poder
político.
Sin
duda alguna, la Iglesia ha sido parte activa en la redacción de la veintena de
constituciones -incluida la última-, de la aprobación de leyes y reglamentos y
especialmente del manejo paralelo del sistema educativo nacional.
La
Iglesia hasta bien avanzada la década del ochenta estaba alineada con el
Partido Conservador y luego con el Social Cristiano, resistiendo o
enfrentándose a los sectores populares que forjaban por la unidad y solidaridad
para exigir un gobierno democrático que garantice soberanía, libertad y
dignidad.
Que
el Arzobispo porteño haya expresado e incluso exigido que el dialogo nacional
debe gozar de mayor credibilidad y ampliarse a todos los sectores, no es malo
ni nuevo. Reitero, aún en estos tiempos, lo mismo que en las sabatinas se
califica de “desestabilizadores”, desde los púlpitos los sacerdotes consideran “comunistas”
a quienes no tiñen de verde su conciencia, a quienes luchan por el agua y
contra la elección indefinida.
Al
igual que el tema Yasuní, la enseñanza de religión en los planteles fiscomisionales
y el aborto como un derecho entre otros, se convirtieron en problemas políticos
que traspasaron la barrera ética que la Iglesia logró monopolizar.
En
conflicto llegó a final feliz. Los Premieres de la Iglesia y el Gobierno
acordaron “quedar en paz y ya no hacer más polémica” para juntos silenciar a los
sectores populares.