Por la propia naturaleza de la labor docente, la implementación de un modelo de valoración integral del magisterio, jamás podría tener éxito, si se insiste vía decretos, disponer la aplicación de una prueba estandarizada, porque decidir si un profesor es bueno o malo requiere de un juicio mucho más difícil, que demanda principalmente de su desempeño en el aula y de la más amplia participación social.
Sin embargo, nuevamente es el Ministerio de Educación y no el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), que se supone es un organismo autónomo, el que vuelve a estigmatizar la evaluación docente, amenazando que la misma “será tomada en cuenta para efectos legales” y no para fomentar una cultura de evaluación integral a todo el sistema educativo con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La LOEI “establece la evaluación integral como un proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional”, pero cuando se decide evaluar a los docentes el proceso desaparece y la prueba estandarizada al estilo empresarial se torna en una especie de vestigio delictivo, que los tecnócratas neoliberales de la evaluación lo asocian no a una mejora del desempeño docente sino con la posibilidad punitiva e inmediata de ejercer controles de calidad como que los docentes fuesen operarios de una maquiladora o en el mejor de los casos, reduce al docente en un simple transmisor de contenidos y reproductor de un portafolio en el que se apilan resmas de papeles burocráticos que no sirve para nada.
El Ineval no puede convertirse en un órgano de estresamiento y persecución del magisterio, más aún cuando si se reconocen que la evaluación docente no va a resolver los problemas generados por el sistema y la dependencia a los organismos internacionales como la OCDE, que con controles estandarizados condicionan el ingreso, promoción y permanencia de los profesores en el sistema educativo.
La permanente acusación a la UNE del retraso en la educación va quedando sin piso, el supuesto nuevo modelo de gestión educativa no atiende a los distintos factores que originan la mala calidad. Por el contrario, a más de restringir la atención y solución a la problemática, la hace más dependiente, profundizando la discriminación y estratificación social, lo cual termina favoreciendo el negocio educativo de la empresa privada.
Es significativo el criterio de ex ministros de educación, al cuestionar las declaraciones gubernamentales y de alianza país, al presentar a la evaluación docente como el remedio a los rezagos del neoliberalismo. Por el contrario, ellos opinan que “las pruebas estandarizadas alejadas de las más elementales consideraciones pedagógicas son ineficaces”; y, que el ofrecimiento de estímulos económicos y la estigmatización de sanciones a los profesores, solamente pretende soslayar la crisis del gobierno y los múltiples problemas socioeconómicos, como la pobreza, marginación, inequidad social, la falta de presupuesto, corrupción e ineficacia en el manejo de los recursos destinados a la educación.
El profesorado unionista, no rechaza ni teme a cualquier tipo de evaluación, la preocupación es que, los resultados se utilicen para maquillar al sistema, desmantelar la escuela pública y como instrumentos de presión política o personal.
