La evaluación docente es un tema complejo y sensible, especialmente cuando se aborda desde una perspectiva que no considera la naturaleza misma de la labor educativa. Los maestros no son simples engranajes en una maquinaria industrial, ni operarios de una fábrica de conocimientos. Son personas que, día a día, se esfuerzan por guiar a sus estudiantes en procesos de aprendizaje significativos, adaptándose a las realidades y contextos de sus aulas.
En este sentido, resulta preocupante la insistencia en aplicar pruebas estandarizadas para valorar el desempeño docente. No se puede medir la calidad educativa únicamente con indicadores numéricos, ya que enseñar implica un conjunto de habilidades humanas que trascienden la mera transmisión de contenidos. El Ministerio de Educación parece ignorar esta complejidad al promover modelos de evaluación que estigmatizan al profesorado, reduciéndolo a cifras y resultados aislados que no reflejan el verdadero impacto de su trabajo cotidiano.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), creado con el objetivo de garantizar una evaluación integral y participativa, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de presión y control. Esto, en lugar de fomentar el crecimiento profesional y el enriquecimiento pedagógico, genera estrés e inseguridad laboral entre los docentes. La amenaza de que los resultados de las pruebas se utilicen para efectos legales o punitivos, en lugar de para el mejoramiento educativo, crea un clima de hostilidad y desconfianza.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece que la evaluación debe ser un proceso continuo, participativo y formativo. Sin embargo, en la práctica, los enfoques impuestos no reflejan estos principios. Se asume que la calidad de la educación depende exclusivamente del rendimiento del maestro, obviando factores estructurales y socioeconómicos que influyen directamente en el aprendizaje. Esto no solo es injusto, sino que también perpetúa la narrativa de que el fracaso educativo recae exclusivamente en los docentes.
Es fundamental recordar que la mejora educativa requiere un enfoque integral que considere no solo la labor del profesor, sino también el contexto en el que trabaja: la inversión en infraestructura, recursos didácticos adecuados y políticas educativas que prioricen el bienestar estudiantil. Evaluar de manera justa implica valorar el compromiso docente, el esfuerzo cotidiano y el impacto positivo que generan en sus comunidades.
La permanente acusación a la UNE del retraso en la educación va quedando sin piso. El gremio y los docentes no temen a la evaluación en sí misma. Lo que inquieta es el uso que se haga de sus resultados. Utilizar estos datos para justificar medidas punitivas o para maquillar problemas estructurales del sistema educativo no contribuye a una verdadera transformación pedagógica. Por el contrario, refuerza la precarización laboral y desvía la atención de los problemas reales que afectan la educación pública: la falta de recursos, la desigualdad social y el escaso apoyo institucional.
Por ello, el gremio demanda evaluaciones que realmente sirvan para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, impulsando procesos de mejora continua y profesionalización docente. Es necesario que las autoridades educativas comprendan que el respeto y la dignificación del trabajo docente son condiciones fundamentales para construir una educación pública de calidad y accesible para todos.
