viernes, 3 de abril de 2026

Incremento del IVA un golpe a la mesa de los sectores populares

La Unidad Popular y el Frente Unitario de Trabajadores rechazan el incremento del IVA al 15%, receta impuesta por el FMI y las élites para proteger sus intereses mientras empobrecen al pueblo con más carestía de la canasta básica.

   El incremento del IVA al 15% es una abierta declaración de guerra económica contra los sectores populares. Esta medida, dictada bajo el recetario del FMI y los intereses de las élites criollas, profundiza las contradicciones de un sistema que, en plena crisis, decide cargar el peso del déficit sobre los hombros de quienes ya no tienen nada que entregar. Es el rostro más crudo de un paquetazo regresivo que golpea la mesa de los hogares humildes para salvaguardar la rentabilidad del gran capital.

   Desde una perspectiva de clase, este golpe al consumo básico representa una transferencia neta de riqueza: se extrae el sudor del bolsillo del proletariado para alimentar las arcas de un Estado que prioriza el pago de la deuda externa por encima de la vida. Mientras el precio de la leche o el pan se vuelve prohibitivo para las mayorías, reduciendo el salario real a niveles de subsistencia, la oligarquía financiera continúa blindada tras un escudo de exoneraciones fiscales y prebendas corporativas. Es la lógica del capital en su estado más puro, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

   El contraste es violento e indignante. El pueblo enfrenta no solo la asfixia económica, sino el desmantelamiento de la salud y la educación, sumado a una inseguridad que devora los barrios populares. Un gobierno que castiga el consumo básico en lugar de gravar la acumulación de las grandes fortunas no es más que un capataz de las élites. Esta política tributaria no busca solucionar la crisis de fondo, sino perpetuar un modelo donde la vida digna es un privilegio de pocos y el hambre una herramienta de control para muchos.

   Ante este escenario de autoritarismo económico, aceptar este atropello es permitir que la oligarquía profundice la indigencia estructural. La postura de organizaciones como la Unidad Popular y el Frente Unitario de Trabajadores no es solo un rechazo retórico, sino una brújula para la acción. La historia nos enseña que el derecho a la existencia no se negocia en despachos alfombrados, se defiende en las calles. La movilización y la unidad popular son las únicas herramientas legítimas para frenar un modelo que busca "matar de hambre" al pueblo mientras las élites celebran sus ganancias. En esta lucha, el único camino es la resistencia organizada: solo el pueblo salva al pueblo.

 

Viernes Santo de olvido: El calvario de las jubilaciones ante la negligencia estatal.

"El despilfarro del patrimonio del IESS, nos exige retomar la lucha combativa para transformar el dolor en justicia social" Doseret

El Vía Crucis de Jesús ha dejado de ser un relato de fe para convertirse en el reclamo cotidiano del adulto mayor. Hoy, las catorce estaciones no se recorren en Jerusalén, sino en las frías salas de espera del IESS y en las filas interminables por una cita médica. La cruz que cargan nuestros jubilados no es de madera, sino la de la negligencia estatal que ha transformado el descanso merecido en una sentencia de muerte lenta.

Cada vez que un jubilado recibe la noticia de que su pensión está en peligro o que no hay medicinas en la farmacia del hospital, asistimos a una nueva condena a muerte. Son los latigazos de una burocracia que ha decidido priorizar cifras para el cumplimiento con el FMI por encima de la vida humana. El IESS, que debería ser el Cireneo que ayude a cargar el peso de los años, se ha convertido en el verdugo que ajusta los clavos del sufrimiento.

Esta tragedia no es accidental; tiene nombres, apellidos y leyes con trampas mortales. La mal llamada Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia es, en realidad, el martillo que golpea los clavos de este sacrificio social. Bajo el pretexto de "liquidez", una burocracia infame pretende rifar el patrimonio y las reservas que sostienen las pensiones. Permitir que el portafolio de inversiones sea garantía de créditos es poner una soga al cuello de las futuras jubilaciones, si el Estado no paga, el banco embarga el futuro de los afiliados.

Peor aún, la venta de cartera a la banca privada y la pérdida de autonomía institucional terminan por despojar al jubilado de sus vestiduras. Al permitir que el Ejecutivo nombre a dedo a quienes administran el dinero ajeno, se elimina cualquier contrapeso, dejando la caja de ahorros de toda una vida a merced de los intereses de la derecha chulquera.

No podemos seguir observando este calvario desde la vereda. La resurrección de nuestra seguridad social no vendrá de la caridad, sino del fortalecimiento de la lucha por la justicia. Reconocer el rostro de Cristo en los adultos que mendigan un turno médico es el primer paso para exigir un sistema donde la dignidad no sea un lujo, sino un derecho innegociable. Que la indignación se convierta en la piedra que ruede y libere al pueblo de este sepulcro de austeridad.