Del viejo país al nuevo país y de éste al viejo país

Desde el movimiento oficialista se pregona que la vieja partidocracia se retuerce de nostalgia añorando la larga noche neoliberal con la sola idea de la restauración conservadora. Mientras la oposición aliada en una especie de hibrido político dicen que es hora de refundar la patria para defender la Constitución de Montecristi y enrumbarla para lograr el anhelado buen vivir.

Al decir de Paulo Freire, unos y otros con su “discurso izquierdista buscan ocultar que en la práctica, se viene robusteciendo el neoliberalismo promotor de la riqueza de unos pocos y la miseria de las mayorías”

Nuestro país, el viejo y el nuevo país, sabe mucho de las viejas y actuales recetas neoliberales. Nuestros pueblos han pagado con creces los favores del BM, FMI, BRICS que supuestamente contribuirían a resolver los problemas sociales y al “impulso del progreso y la modernidad  generadora de oportunidades”. Sin embargo,  recetas y favores no han servido más que para demostrar que el capitalismo con sus actitudes miserables y egoístas, no funciona. Por el contrario, evidencian a todo nivel la corrupción política y el manejo fraudulento de los recursos y el erario nacional.

La tarea actual de los sectores populares del viejo y nuevo país, es reflexionar y anteponer resistencia a los subvalores neoliberales adhiriéndose mediante una posición política firme a los valores de solidaridad social, organización y unidad popular para la defensa de los derechos consagrados en la Constitución, a fin de hacer la vida más humana y digna.

Esta adhesión y posición política tiene que marcar las grandes diferencias entre el viejo país y el nuevo país, entre la oposición crítica, constructiva y propositiva que va más allá de la legitima búsqueda de acceder al gobierno, una oposición dialogante y eficiente que apoye los cambios que ayuden a mejorar la situación del pueblo, -lo cual no implica respaldar la revolución ciudadana- y la oposición neoliberal que irresponsablemente pretende derrocar al gobierno a cualquier costo y por cualquier vía para recuperar el gobierno y con ello su poder para su mezquino beneficio.

Queda a la prensa la responsabilidad de denunciar las acciones autoritarias de funcionarios abusivos que a veces los ciudadanos no lo hacen por temor a represalias. De la misma manera denunciar las acciones que promuevan la inestabilidad de la democracia, lo cual sería volver al viejo país.

“Quiero hablar ahora y no mañana”

El pasado martes se cumplieron 16 años del crimen que terminó con la vida del luchador popular Jaime Hurtado González y dos de sus camaradas. “Quiero hablar ahora y no mañana” pronunció durante la última sesión del Congreso Nacional, en la que inicialmente se la había negado la palabra.

Nació y creció en medio de las miserias sociales y de la explotación burguesa, quizá allí forjó su carácter y compromiso social. Fue un apasionado por la vida y la libertad. Siempre firme y lleno de coraje ante las injusticias. Hombre de profunda sensibilidad humana y social. Defensor de las causas populares. 

Jamás negó su militancia marxista. Sus cualidades, convicciones político ideológicas, su entrega y lealtad con los trabajadores y las organizaciones populares lo llevaron a ocupar los más altos cargos en su partido y a recibir el reconocimiento de “Héroe Popular”.

En 1979 se convierte en el primer afro-ecuatoriano en llegar al Congreso Nacional en calidad de Diputado. Por dos oportunidades fue candidato a Presidente del Ecuador.

Con la misma energía y entusiasmo con que defienda la soberanía nacional y luchaba por la solución de las apremiantes y postergadas necesidades del pueblo; cuidaba de la unidad de la izquierda. Más de una ocasión enfrentó y combatió el oportunismo y los intentos de dividir no solamente su partido sino a la izquierda ecuatoriana.

Su actitud ha sido refrendada por el tiempo. A quienes combatió y depuró de las filas de la revolución, hoy se encuentran medrando de las migajas que la burguesía y las clases dominantes dan a quienes en su momento les han servido y los siguen haciendo.

En 1998 gana nuevamente una curul como Diputado Nacional al Congreso, su actividad parlamentaria se caracterizó por la lucha contra la corrupción del Gobierno de Mahuad y la defensa de los intereses de los sectores marginados.

Los sectores populares y progresistas presumimos que el asesinato del líder, ocurrido a dos cuadras del Congreso, fue una acción bien planificada de la extrema derecha en complicidad con la CIA. Pese a que los autores materiales fueron detenidos, los responsables intelectuales no han sido sancionados.

Ustedes y yo sabemos, el porqué del silencio y la tardanza de la justicia, obviamente para encubrir a sus autores intelectuales: El Imperio y sus serviles secuaces criollos.

El adulador es un falsificador de cualidades, halla sabiduría en la ignorancia,... valor en la cobardía,... grandeza en la miseria, talento en la estupidez,... Carlos Selva, escritor nicaraguense 1832 - 1912

Compromiso social para el desarrollo nacional.

A propósito del llamado de la Supercom a “Bonil” por la caricatura que hacía referencia a las dificultades para leer que presentó el asambleísta “Tin” Delgado cuando se discutía la Ley de Aguas, han surgido una serie de posiciones a favor y en contra de uno y otro.

El propio asambleísta Delgado se ha victimizado diciendo que “lo atacan porque él ha surgido desde abajo”, que siempre los afro ecuatorianos han sido postergados de mejorar sus condiciones de vida -lo cual es cierto-; ha manifestado además, que la Constitución para su puesto solamente exige “ser ciudadano ecuatoriano”, lo cual también es correcto. Valga recordar y reflexionar que la LOSEP en el Art. 5 literal d) establece que para ingresar al servicio público se requiere “de preparación académica y demás competencias exigibles…” según sea el puesto de trabajo; y el puesto de asambleísta es de elevada complejidad y responsabilidad. Argumento de defensa podría ser el que para eso están los asesores. Por supuesto que sí.

Sin embargo es preciso recordar que los asambleístas -cuya elección en no pocos casos resulta ser fortuita-, más allá de la elaboración de normas para legislar, tienen la obligación de generar actos o acciones políticas innovadoras que conlleven al anhelado buen vivir, pasando primero por la eliminación de la corrupción especialmente de la clase dirigencial llamada independiente o tecnócratas apolíticos, que en la práctica son quienes operan contra la solución de los problemas sociales que aquejan a la comunidad.

Lo cierto es que, es necesario que los y las asambleístas cuenten con una formación intelectual mínima de tercer nivel y realizarse además el examen psicológico que se exige a todos para aspirar a un puesto de trabajo. La importancia de que los actores políticos cuenten con estos mínimos no es poca, puesto que el conocimiento, la capacitación académica así como una sólida personalidad y formación ética, son imprescindibles para evitar que los actos políticos estén en manos de una sola persona o grupo.

Corresponde a los legisladores, que se suponen representantes del pueblo, la tarea de ejecutar las acciones políticas que conlleven al desarrollo social y nacional. Desde luego, que para ello, se necesita un poco más que ser ciudadano ecuatoriano. Se necesita: compromiso social.

Tarifas del trasporte urbano e inseguridad de los usuarios

Mientras los transportistas piden elevar el valor de pasajes y los ciudadanos denuncian el pésimo servicio que ofrecen; el gobierno nacional se desentiende de su rol regulador, dejando a los municipios la responsabilidad de fijar las tarifas del transporte urbano y de taxis.

Los transportistas arguyen que la tarifa ha estado congelada por varios años. Lo cual no es del todo cierto. Con la dolarización los pasajes se elevaron considerablemente, además el valor de 18 centavos poco a poco y sin ninguna autorización se igualó a 25 centavos del servicio urbano selectivo. Y sin embargo, la presión para incrementar el valor de pasajes se sigue evidenciando en las principales ciudades del país.

El Gobierno Nacional, “coincidencialmente” en las ciudades donde el movimiento oficialista perdió las últimas elecciones seccionales, presiona para que sean los municipios quienes fijen las tarifas. Esta errónea decisión ha provocado que en ciudades pequeñas como Loja, sea el cabildo y su devoción al régimen, quien establezca el valor del transporte urbano, como en efecto se lo ha fijado en treinta centavos. No así en la capital del país donde igualmente el cabildo quiteño a más de mantener el valor en 25 centavos ha decidido rebajar a 10 centavos el valor para las personas de la tercera edad. En tanto que en el cabildo guayaquileño se cocina una crisis al respecto.

Como en otros asuntos, el Gobierno Central pretende endilgar su responsabilidad de garantizar a la ciudadanía un servicio de transporte público seguro, eficiente y de calidad, “con tarifas socialmente justas”, lo que lejos de cumplirse, empieza a generar desigualdad e inequidad a nivel nacional.

Argumento de los trasportistas para exigir el aumento de la tarifa es el incremento de los repuestos, neumáticos, etcétera. Sin embargo, los transportistas quieren ocultar el hecho que, luego de los “almuerzos en Carondelet” sin necesidad de acuerdos oficiales, surgen compromisos como el que les permitió que los buses lleven pasajeros parados, lo que en las horas pico llega a casi al triple de su capacidad. Guste o no a los transportistas, este hecho conllevó a la duplicación de sus ingresos, en menoscabo de la comodidad y seguridad de los usuarios.

Lo cierto es que, es imperioso que desde el Gobierno Central se busquen otras alternativas para frenar el descontento ciudadano en este y otros temas.

El desafío de reducir la desigualdad de oportunidades…

La publicación del informe de la UNESCO respecto del “mejoramiento del sistema educativo en Ecuador, nos ofrece la oportunidad para reflexionar sobre las políticas educativas del país. En primer lugar, elucidemos si el “nuevo modelo de gestión” aumenta o disminuye a la niñez y juventud las oportunidades de asistir a escuelas y colegios en sus propios barrios. En segundo lugar, hay que establecer si la inversión en educación responde o no al porcentaje del PIB señalado en la Constitución. Y en tercer lugar, urge conocer las propuestas del Ministerio de Educación dirigidas a fortalecer la educación laica y fiscal. En la práctica crece la educación confesional, privada y el sometimiento a los prestamistas que financian proyectos como la evaluación PISA y el excluyente bachillerato internacional.

Mientras la UNESCO destaca “el crecimiento” de la calidad de la educación, organismos como el Banco Mundial informan que el “crecimiento económico” no ha contribuido a generar mejores oportunidades para los pobres que habitan las áreas rurales y suburbanas, especialmente, para los grupos indígenas”. El Banco Mundial señala, además, que “la disminución de la tasa de pobreza es mínima y que la pobreza extrema afecta a un considerable sector de la población” señalada.

Voceros del Ministerio de Educación insisten en cargar la culpa de los problemas sociales y en particular de la educación al gremio unionista. Lo cierto es que, tanto el gremio como la educación, han sido y siguen siendo víctimas de un modelo económico y político estructurado para beneficio de unos pocos.

El problema no es solamente mejorar la infraestructura ni aumentar la inversión, sino qué modelo de educación deseamos en función del país que queremos construir. Ambas decisiones exceden el ámbito de la enseñanza y de los docentes. Implica por tanto y con urgencia un amplio debate democrático con todos los actores a fin de enfrentar el desafío de reducir la desigualdad de oportunidades para acceder a la educación, que asociada con las condiciones socioeconómicas, hace notoria la diferencia de clases constituyendo a la vez una barrera difícil para impulsar una productividad laboral que recupere nuestros recursos naturales, la nacional y el anhelado buen vivir.